El PP y Vox se oponen a unirse a la propuesta de los socialistas, que se promueve en un momento de ataques de Sánchez y el Ejecutivo contra los medios contrarios por los problemas relacionados con la corrupción.
Nueva polémica reforma a la vista. El PSOE y sus aliados (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria) han registrado una propuesta legislativa para modificar el artículo 98 del Reglamento del Congreso, que regula el acceso de los periodistas al parlamento. En este sentido, con el nuevo redactado que quieren imponer, el acceso de los periodistas dependerá de la Mesa del Congreso, que «fijará los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara». Tanto el PP como Vox se han opuesto a unirse al acuerdo.
El nuevo texto propuesto por el PSOE y sus aliados establece que, para la renovación de credenciales, se considerará en todo momento si ha habido infracciones previas a lo estipulado en este artículo, así como a las directrices y acuerdos de la Mesa. Esto otorgará a la Mesa del Congreso un amplio margen para decidir qué periodistas pueden acceder y cuáles no. La reforma está principalmente dirigida a restringir la entrada de ciertos periodistas, como Vito Quiles, aunque su falta de precisión podría derivar en mayores restricciones. Además, se enmarca en un contexto en el que Pedro Sánchez mantiene una confrontación con algunos medios que han difundido información incómoda relacionada con casos de corrupción que afectan a su Gobierno.
Se establece también la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, compuesto por un representante de cada grupo parlamentario y con la participación de entidades que representan a los profesionales del ámbito informativo. Este órgano dispondrá de un plazo de quince días para elaborar un informe en el que podrá recomendar, si procede, la aplicación de sanciones a periodistas que incurran en infracciones contempladas en la reforma del Reglamento. Dichas infracciones se dividirán en leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden ir desde una advertencia o la suspensión de la credencial por hasta diez días hábiles, hasta una suspensión de entre tres meses y cinco años, o incluso su revocación definitiva.
Esta reforma, que introduce normas de convivencia como la obligación de respetar «las reglas de cortesía parlamentaria y las directrices e instrucciones que acuerde la Mesa», se produce en un contexto de fuerte presión del Gobierno y de Pedro Sánchez sobre ciertos medios de comunicación. Estas medidas surgen en un momento en el que diversas investigaciones judiciales afectan a su entorno cercano, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Además, el concepto de «información veraz» quedará bajo el criterio de la mayoría que PSOE y Sumar tienen en la Mesa, lo que genera preocupación en un escenario donde Sánchez ha intensificado sus críticas a algunos medios, acusándolos de desinformar.
El voto telemático
La reforma del Reglamento también modifica el artículo 82 para ampliar a siete los supuestos en los que se permite el voto telemático. Este cambio podría generar controversia, ya que podría dar lugar a jornadas de votación con un elevado número de ausencias en el hemiciclo.
Uno de los nuevos supuestos es especialmente ambiguo y deja un amplio margen de interpretación: la posibilidad de votar a distancia por la «necesidad de atender al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas dependientes». Esta formulación abierta podría derivar en un uso discrecional de la medida, afectando a la dinámica parlamentaria.
